Rosa Cullell
Marta, enfermera en paro, tenía una hipoteca que ascendía a 250.000 euros, cantidad coincidente con el precio tasado. Dejó de pagar. El piso se subastó y no encontró comprador; se lo quedó el banco por la mitad de su valor (es decir, por 125.000 euros). Hoy, Marta ya no tiene casa y sigue debiendo 125.000 euros, más 50.000 de las costas. Total: 175.000 euros.
Lo mismo o parecido les ha pasado desde que empezó la crisis a unas 250.000 familias -las catalanas encabezan la clasificación-, que han visto cómo sus pisos eran adjudicados en subasta. Muchos españoles firmaron hipotecas creyendo que el tocho nunca baja de valor; en un caso extremo, se devuelve el inmueble y ya está. Lástima, eso no es lo que dice la ley.
A Marta le hubiera gustado que el notario o el jefe de su oficina bancaria le hubieran advertido. Del contenido del artículo 570 de la ley de enjuiciamiento civil (LEC), donde se establece que si un inmueble se adjudica por debajo del valor del crédito, pierdes tu casa, pero continúas debiendo lo que falta hasta el total prestado, más costes. Y, si no sale comprador, la entidad financiera puede adjudicarse el bien por el 50% del valor de tasación.
Quizá, solo quizá, Marta no hubiera firmado, aunque eran tiempos de vacas gordas, cuando nadie creía que los pisos podían bajar de precio. Los afectados saben que son responsables, pero les cuesta comprender que sean los únicos. ¿Qué pasa con los que tasaron el piso, con quienes les dieron una hipoteca por el 100% del valor? Han firmado, aunque creen que la deuda no debería ir más allá del inmueble. Por eso proponen que en España, como sucede en EEUU, se regule «la dación en pago»: el banco se queda solo con la casa y el moroso -que queda libre de deudas- deja de serlo.
Sin embargo, las entidades y el Gobierno, también el PP, opinan que una reforma que limite el alcance del embargo debilitaría aún más al sistema financiero, encarecería el crédito y dificultaría el acceso a la vivienda. En el 2011 se esperan 100.000 ejecuciones más. Un polvorín de gente sin hogar, a quienes les pueden hipotecar la vida entera.
Marta, enfermera en paro, tenía una hipoteca que ascendía a 250.000 euros, cantidad coincidente con el precio tasado. Dejó de pagar. El piso se subastó y no encontró comprador; se lo quedó el banco por la mitad de su valor (es decir, por 125.000 euros). Hoy, Marta ya no tiene casa y sigue debiendo 125.000 euros, más 50.000 de las costas. Total: 175.000 euros.
A Marta le hubiera gustado que el notario o el jefe de su oficina bancaria le hubieran advertido. Del contenido del artículo 570 de la ley de enjuiciamiento civil (LEC), donde se establece que si un inmueble se adjudica por debajo del valor del crédito, pierdes tu casa, pero continúas debiendo lo que falta hasta el total prestado, más costes. Y, si no sale comprador, la entidad financiera puede adjudicarse el bien por el 50% del valor de tasación.
Quizá, solo quizá, Marta no hubiera firmado, aunque eran tiempos de vacas gordas, cuando nadie creía que los pisos podían bajar de precio. Los afectados saben que son responsables, pero les cuesta comprender que sean los únicos. ¿Qué pasa con los que tasaron el piso, con quienes les dieron una hipoteca por el 100% del valor? Han firmado, aunque creen que la deuda no debería ir más allá del inmueble. Por eso proponen que en España, como sucede en EEUU, se regule «la dación en pago»: el banco se queda solo con la casa y el moroso -que queda libre de deudas- deja de serlo.
Sin embargo, las entidades y el Gobierno, también el PP, opinan que una reforma que limite el alcance del embargo debilitaría aún más al sistema financiero, encarecería el crédito y dificultaría el acceso a la vivienda. En el 2011 se esperan 100.000 ejecuciones más. Un polvorín de gente sin hogar, a quienes les pueden hipotecar la vida entera.
