Según la constitución española, todo ciudadano
tiene derecho a una vivienda digna (y a la salud y al trabajo, a la educación y a la justicia),
amparándose a este “derecho fundamental” unos grupos mafiosos y por un “módico
precio” te localizan un piso vacío, fuerzan la puerta y sustituyen la
cerradura, puentean el sistema eléctrico y ya puedes disfrutar de tus “derechos
constitucionales” sin que te importe si los inquilinos están de vacaciones, en el
hospital por larga enfermedad o en un asilo de ancianos.
Una vez que los propietarios descubren la ocupación
y dado que la vía legal puede tardar un año es proceder al desahucio, la
empresa “desocupa” previo acuerdo en sus honorarios y por un precio en función
del valor de la finca, derribará la puerta y vaciará la vivienda arrojando todo
a la calle, incluyendo ancianos, niños y minusválidos. Lógicamente, los servicios de desokupa los
requieren principalmente entidades bancarias y fondos buitres dispuestos a
pagar lo que sea con tal de librarse de inmediato de tales parásitos.
Estoy de acuerdo en que todo ciudadano tiene
derecho a una vivienda digna, pero es el estado quien debe hacerse cargo
construyendo viviendas de protección oficial y no un pequeño propietario que ha
invertido muchos de su vida para complementar su pensión o asegurar una
vivienda para sus hijos.
En ambos casos es el estado el responsable de hacer
justicia y no dejar en manos de las mafias la gestión de un derecho
fundamental, lo que está claro es que mientras este no asuma sus
responsabilidades la vivienda seguirá siendo un coto de caza para mafias y
matones y como siempre, el ciudadano que
paga sus impuestos será el gran perjudicado. Ya sé que lo mas seguro es poner
una puerta acorazada y un sistema de alarma centralizado de tal manera que a
los pocos minutos del asalto, la policía habrá procedido al desalojo, pero el
coste del sistema no está al alcance de todos y como nos recuerda Orwell “Todos somos iguales, pero unos somos más
iguales que otros”
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